El aborto, un asunto privado

Estimados, comparto este breve artículo que he escrito referido a la despenalización del aborto, en momento que el tema vuelve a estar en el tapete público, a raíz de la convocatoria de referéndum del próximo 23 de junio. Justamente, este tema será el que aborde en mi próxima columna televisiva del jueves 20 en el periodístico Ciudad + (Tevé Ciudad).

Los invito a debatir –con el debido respeto frente a un tema que es delicado y nos moviliza a todos- en este espacio del blog.

El aborto, un asunto privado

En lo personal, creo que el aborto siempre es una instancia triste, una experiencia indeseable, de manera tal que su práctica no me simpatiza en absoluto (imagino que a nadie, por cierto), pero decididamente estoy a favor de su despenalización. Y no hay en esto contradicción alguna. Al respecto, el primer error importante de la discusión pública sobre este tema es el que plantea el tema de la despenalización del aborto en términos de estar a favor o en contra. El tema no pasa por ahí, sino por considerar si –tengamos la opinión que tengamos sobre la práctica abortiva en concreto- es un acto penalizable o no. En este sentido, el problema pasa por dilucidar si el hecho de abortar afecta en modo alguno la moral pública o los derechos de alguien –y, por lo tanto, es digno de ser penalizado- o si es un acto que no afecta ningún derecho ajeno y que pertenece a la esfera de la moral privada (y en ella debe resolverse).

Sobre este último punto, entiendo que la línea que separa un ámbito del otro es el del nivel de afectación: o sea, el hecho de si la acción privada de un individuo atenta o no contra el derecho de otra persona. Y en el caso del aborto, no se afectan los derechos de otra persona (el feto no lo es y sobre esto me refiero específicamente unas pocas líneas más adelante), ni se afecta la moral del grueso del cuerpo social, por lo cual es un acto absolutamente privado. Y si entendemos, entonces, que ese acto forma parte de una moral privada que no viola los derechos de nadie, se convierte en algo que es moralmente permisible: es, en definitiva, un problema de la conciencia privada del sujeto que lo practica.

El que una acción sea moralmente permisible no supone que no sea moralmente criticable, pero sí supone que es una alternativa que moralmente está permitida escoger, nos simpatice o no, nos resulte criticable o no, en tanto -insisto- no afecta los derechos de ninguna persona. Algunos discrepan particularmente con este punto, pues entienden que se afectan los derechos del feto. Esa discrepancia, a mi entender, carece de fuerza argumentativa, pues resulta evidente que el feto no califica como persona. Y el que potencialmente lo sea, no lo convierte en tal y no es sujeto -por lo tanto- de ningún derecho (el tener derechos, a su vez, supone el tener intereses, deseos, preferencias, etc, algo de lo que evidentemente carece un feto). Es un absurdo plantear la "protección jurídica" de un feto. El ser sujetos de derechos requiere el ser efectivamente –y no potencialmente- una persona. Y el ser una persona supone estar dotado, entre otras cosas, de autonomía. Y, justamente, el feto no es un ser autónomo. Por el contrario, sí es una persona autónoma y portadora de derechos, la mujer que aloja en su cuerpo al feto.

Sobre esta última acotación, entiendo que no podemos otorgarle al feto –como a nadie- el derecho de utilizar el cuerpo de otra persona contra su voluntad. La “necesidad” de un “cuerpo ajeno” que el feto tiene solo puede ser “cubierta” a partir de la voluntad de la mujer de llevar adelante su embarazo. Y, en tanto es un acto que pertenece a la moral privada, no podemos en nombre de ninguna forma de moral pública obligar a una mujer a que -en contra de su voluntad- permanezca embarazada y cubra esa “necesidad fetal”. Un embarazo no puede resultar ser una cuestión que deba estar supeditada al “beneplácito moral” de terceros.

La intencionalidad del embarazo es un acto privado. A nadie se le ocurre que sería correcto meter preso a quien usa algún medio anticonceptivo, en tanto evita de esa forma una vida potencial. Nadie –salvo algún fundamentalista “pro-vida”- diría que el uso del preservativo, por ejemplo, supone un homicidio premeditado, pues atenta contra el derecho a la vida de ese potencial ser que podría gestarse. ¿Pertenece a la esfera de la moral pública el uso de los anticonceptivos? ¿No es acaso un acto privado, que remite a la conciencia de cada uno? ¿Tomar la pastilla del día después no es una forma de abortar? De alguna manera lo es. Y no he escuchado, sin embargo, la ocurrencia de penalizar tales asuntos, porque ciertamente parecen claramente pertenecer a la esfera de lo privado. Y lo mismo sucede si no han existido esos cuidados y abortar es el único recurso que –lamentablemente- queda. Reducir el debate a un momento específico de esa etapa en la que no hay una persona, sino un feto, es solo una forma de seguir confundiendo el asunto. Si abortas esa potencial persona utilizando un preservativo, tomando la “pastilla del día después” o practicando un aborto, el resultado parece ser siempre el mismo. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: no conozco ninguna mujer que se haya muerto por usar un método anticonceptivo. En cambio, muchas mujeres sí mueren por tener que abortar de manera clandestina.

Cuando la mujer lleva a término su embarazo, cuando se convierte efectivamente en madre, ahí sí tenemos que su intencionalidad se transforma en un acto que supone la posibilidad de la intervención penalizadora de la autoridad en nombre de la moral pública que sustenta a las leyes –y que, por ejemplo, pueda darse que recaiga sobre ella la penalización por delitos de omisión a esa responsabilidad asumida-. Y si una madre mata a su hijo nacido es un crimen gravísimo -a la luz ya de la moral pública y en virtud de esa intencionalidad y responsabilidad asumida por la madre respecto de su hijo y con la sociedad en su conjunto- pero no supone delito alguno el decidir  interrumpir un embarazo, asunto que en ese entonces aún pertenece a la esfera de la moral privada. La intencionalidad o no de ser madre es lo que separa la frontera entre lo público y lo privado. Y esa intencionalidad es un acto voluntario y privado. Si una mujer decide tener un hijo – el cual al nacer ahora sí se convertirá en una persona con derechos-, se expondrá a la ley fundada en la moral pública, pero –insisto- si decide no llevar su embarazo a término, es algo que quedará en la esfera de lo absolutamente privado y no debe dar cuenta alguna más que a su propia conciencia.

En ese sentido, creo que no solo el aborto no es penalizable, sino que tampoco es pertinente someterlo a una consulta pública. No es un acto que deba ser juzgado públicamente. Lo único que corresponde desde lo público, particularmente desde las autoridades, es legislar de manera tal que se pueda brindar toda la ayuda posible para que ese acto privado no se transforme en una tragedia pública, o sea, brindar todas las condiciones necesarias, todos los apoyos posibles -que eviten desenlaces fatales y minimicen secuelas físicas y psicológicas-, a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no deseado.

Por último, quisiera decir que aunque no comulgo con ciertos argumentos de radicalizada militancia de género que presentan a la mujer como la única capaz de poder decidir sobre este tema -planteando una especie de “dictadura” a partir de su cuerpo y su “ventaja” respecto del hombre en la capacidad biológica de embarazarse, hasta el punto de presentar a la mujer como la única efectivamente autorizada para opinar-, he de decir algo que -aunque va a resultar imposible de demostrar- intuyo que efectivamente sería así: si los hombres fuésemos los que quedáramos embarazados, el aborto no sería un problema a discutir, porque probablemente nunca hubiese sido ilegal y penalizable, sino quizás hasta un heroico acto privado (“¡Por qué hay que ser bien machos y tener huevos para abortar!”, me animo a profetizar que diría más de uno).