¿Qué políticas educativas debemos priorizar?
Continuando y complementando el
artículo de la semana pasada (¿Es posible
construir consensos para un Plan Nacional de Educación?), en las siguientes
líneas nos enfocaremos en algunos de los puntos que entendemos son necesarios
de implementar en este período de gobierno de la educación y que, a su vez,
resultan posibles de acordar en lo inmediato con los diversos actores
involucrados en esa primera línea de toma de decisiones y puesta en práctica de
las políticas educativas (en particular, autoridades y docentes).
Los docentes: la clave
El primero de los puntos parte de
insistir sobre un asunto respecto del cual vengo escribiendo desde hace ya un
buen tiempo: si el centro de cualquier proyecto educativo es el alumno, el
docente es la clave, la llave que nos permite abrir o no la puerta correcta. En
la comprensión de esta cuestión radica buena parte de la posibilidad de
reformar adecuadamente nuestra educación, que es lo que necesitamos realizar a
la brevedad. Tomar otros atajos será perder el tiempo o navegar rumbo a un
nuevo fracaso.
A partir de este punto, el
trabajar sobre políticas que estimulen a los docentes, que los empuje a
seguirse formando como profesionales, a tener la motivación de superarse en su
labor, el hacer de los liceos espacios de reflexión e investigación, convirtiendo
nuestros centros educativos en comunidades de aprendizaje, es una de las
primeras tareas a abordar.
Las coordinaciones docentes, por
ejemplo, deben transformarse en espacios de producción de saber y de
intercambio de alto nivel profesional, funcionar como ámbitos de formación
permanente, que, sin descuidar los aspectos más coyunturales de la institución
educativa específica, implique abordajes propios del desarrollo de estudios de
profundización, abriendo sus puertas, entre otros, a profesionales
universitarios, generando coloquios, mesas de exposiciones e instancias de
debates, producción escrita (impulsar una revista arbitrada sería un óptimo complemento),
proyectos de investigación a mediano y largo plazo (y que la construcción de
esos proyectos sean evaluados y reconocidos también para el avance funcionarial),
creando una plataforma de multimedios (web, televisión, radio, redes) basada en
los aportes generados (coordinando en este punto con los medios públicos,
generando allí grillas que permitan la difusión masiva del trabajo intelectual
de los docentes), etc.
Motivar a los docentes para que
el envejecer dentro del sistema no sea el único modo de ser reconocido por el
escalafón docente es una estrategia necesaria. Convertir las horas de
coordinación en espacios de formación permanente es algo que no requiere de una
desmedida inversión presupuestal y generaría en poco tiempo un efecto altamente
positivo sobre la formación docente en ejercicio. Debemos generar y
promover liderazgos pedagógicos de
excelencia en nuestro cuerpo docente. Empoderar a las comunidades educativas
desde el empoderamiento profesional de los docentes es la tarea número uno,
porque es la que determina finalmente la calidad de todo lo otro que pueda
ponerse en marcha.
El rol central del Consejo de Formación en Educación
Por supuesto, trabajar sobre la
formación docente desde los espacios donde se forman es otro elemento central. Hay
que construir con los docentes en ejercicio a la par que con los futuros
colegas. La tarea que en tal sentido tiene por delante Patricia Viera, acertadamente designada al frente del Consejo de
Formación en Educación, es de primer orden.
Volver a dotar a la formación docente de una impronta con acento en la
investigación, con el acento en generar profesionales
capaces de desarrollarse como intelectuales activos en los ámbitos
institucionales donde le toque ejercer (e incluso en los debates públicos que
hacen a su campo de desarrollo), de otorgar un verdadero rango universitario a
profesores y maestros, es un desafío de primer orden. Se deberá trabajar
fuertemente sobre lo curricular y sobre las prácticas que llevan adelante los
diversos centros de formación docente, que deben estar atravesados por
exigencias y propuestas institucionales que acompasen los desafíos pedagógicos
que nos presenta el siglo XXI a la par que ser acordes a una formación de alto
nivel académico, cuestión que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. El
otorgar un rango universitario a los docentes debe estar acompañado de
políticas de formación que aseguren el adecuado nivel de grado universitario en
el egreso. Que un docente salga con líneas de investigación por desarrollar,
con el debido estímulo profesional como para seguir formándose, es un objetivo
primordial. Su desempeño cotidiano en el
aula será mucho mejor si su mirada va más allá de la lógica estrictamente
práctica que entraña esa cotidianeidad.
A la par, sin embargo, deben
acentuarse las prácticas estudiantiles en los espacios áulicos, para evitar ese
corte entre realidad y formación teórica que suele ser señalado frecuentemente por
los docentes recién egresados como otro déficit de su formación. El consabido
“no nos formaron para atender esta realidad” puede y debe superarse desde una
mayor impronta de estrategias que aterricen al estudiante en la lógica y
problemáticas habituales de nuestras instituciones y aulas educativas.
Resumiendo, encontrar el punto de
equilibrio, la praxis que logre amalgamar la investigación y la realidad áulica,
lo cual supone actualizar aspectos curriculares en su más amplio sentido, es
uno de los ejes del trabajo por llevar adelante en formación docente.
En su discurso de asunción como
presidente del Codicen, Robert Silva anunció
como prioridad la implementación de una Política Nacional Docente. Aplaudimos
tal señalamiento, en absoluto acuerdo de que es un camino a recorrer desde el
primer día. También su referencia al desarrollo de una política curricular (que
coincide con lo aquí señalado respecto de la formación docente, pero que fue
planteada con un mayor alcance en el discurso del jerarca) es otro elemento de
fuerte concordancia. Y en tal sentido vale señalar que ambos puntos no resultan
ser un problema en cuanto a concordar con la amplia mayoría de los actores
involucrados. Quienes conocemos el territorio docente desde sus entrañas
tenemos presentes que estos son reclamos habituales de nuestro cuerpo
profesional.
Políticas de desconcentración y descentralización
En segunda instancia, entendemos
que debería priorizarse el fortalecimiento de políticas de oportunidades e
inclusión a nivel nacional, dando un verdadero salto desde la macrocefalia
montevideana hacia el interior del país. Quienes tenemos la suerte de haber
recorrido el país desde roles educativos y culturales, de haber generado lazos
e intercambios con docentes y autoridades educativas tanto de grandes ciudades como
de pequeñas localidades de nuestro Uruguay, tenemos bien presente la necesidad
de brindar una mayor oferta de carreras, de formación permanente, de autonomías
vinculadas a tomas de decisiones que hacen a la particularidad del contexto, de
lograr que los jóvenes del interior puedan desarrollarse en aquellas orientaciones
profesionales que les interesen (o generar el interés a partir justamente de
ser colocadas en su horizonte de posibilidades) sin el peso de tener que irse
de su departamento o de su región más cercana.
Parte de la justicia que un sistema educativo debe garantizar radica en
la protección de los derechos culturales al acceso educativo más amplio, de
mayor trayectoria posible (y en las mejores condiciones posibles) de todos los
jóvenes de nuestro país, sin distinción alguna. Cortar definitivamente con la
brecha de desigualdad respecto de las posibilidades entre un estudiante nacido
en la capital o en el norte radica también en avanzar en una efectiva
descentralización de nuestro sistema educativo. Desconcentrar respecto de
Montevideo, ampliar la oferta educativa en el interior, es un proceso sobre el
cual se ha avanzado en los últimos años, pero que todavía está lejos de
concretarse adecuadamente.
Alcanzar grados de
descentralización en su sentido más amplio, o sea, remitiendo a la capacidad de
otorgar la mayor capacidad de autonomía posible a las comunidades educativas
que, en diferentes niveles y subsistemas, conforman la educación pública
uruguaya, debería ser una meta ineludible del quinquenio iniciado.
Desburocratizar nuestro sistema
educativo, erradicar la absoluta dependencia de la esfera central (articulando
y coordinando con ella, claro, pero no dependiendo en un todo), dotar a los
centros educativos de determinados niveles de capacidad de decisión, de gestión
institucional, de autonomía pedagógica, son ítems sobre los cuales debemos
avanzar, particularmente en el marco del acompañamiento de políticas que
profundicen en la profesionalidad de los docentes y equipos directivos. Un modo
de jerarquizar nuestra tarea es concebir un sistema educativo que nos permita
pensar y hacer, reflexionar y gestionar, producir ideas y ponerlas en marcha,
analizar nuestros contextos e intervenir en ellos para mejorarlos, generar
proyectos institucionales y ejecutarlos, en el marco de comunidades pedagógicas
fortalecidas que validen el accionar, que legitimen los consensos alcanzados
entre docentes y equipos directivos. Descentralizar es un modo de alcanzar la
mayoría de edad y de confiar en la madurez y solidez intelectual de nuestros
profesionales de la educación.
Quedan varios puntos por
analizar, por proponer a las autoridades, por proponer a nuestros colegas, por
poner a consideración de todos aquellos que estén interesados en el futuro de
nuestra educación, pero queríamos en estas líneas (ya le sucederán otras) plantear
al menos algunos de los que consideramos ineludibles a la par que posibles de
consensuar en lo inmediato.
Sigamos pensando juntos, para que
el momento de la toma de decisiones nos encuentre convencidos del camino a
tomar y fortalecidos desde la legitimación que -a las partes involucradas- otorga
la participación en las diversas etapas del proceso de transformación iniciado.
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